Editorial: EL CNI DEBE COLABORAR CON EL JUEZ en los vuelos secretos de la CIA

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EL CNI DEBE COLABORAR CON EL JUEZ
El fiscal pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso de los vuelos secretos de la CIA, que solicite al Gobierno la desclasificación de los documentos del CNI que tengan relación con la causa.
La petición del Ministerio Público es muy oportuna. Los servicios secretos españoles guardan sin duda información relevante sobre las escalas en España de estos aviones, que transportaban a prisioneros hacia cárceles ilegales que la agencia de espionaje estadounidense regentaba en países de Europa del Este y Oriente Próximo.
Los documentos que ahora reclama el fiscal fueron solicitados en su día por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, pero se le denegaron con la excusa de que eran secretos. Como oportunamente señaló ayer Gaspar Llamazares, es momento de que el Ejecutivo ponga fin a la «política de la avestruz» y responda de lo que sabe ante los ciudadanos. A nadie se le escapa que éste es un asunto incómodo tanto para el PP como para el PSOE, pues los vuelos de la CIA hicieron escala en España antes y después de las últimas elecciones generales. Eso sí, en el caso de Zapatero hay un agravante: la contradicción de estos hechos con sus firmes posiciones antiamericanas.
Si finalmente el juez accede a cursar la petición, el Gobierno no debería decir que no. Es cierto que la Ley del CNI niega, por ejemplo, el acceso de los diputados a «documentos que procedan de otros servicios secretos». Sin embargo, en este caso el requerimiento vendría del Poder Judicial y entre las prerrogativas que se le conceden al CNI para llevar a cabo su actividad no está la de poder encubrir un delito. Conviene recordar el precedente de los llamados papeles del Cesid, a cuya desclasificación en el marco del caso Marey se negó el Gobierno de Aznar en 1996 y a la que poco después le obligó parcialmente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que vino a establecer que los secretos de Estado no pueden usarse como coartada para eludir a la Justicia.
Zapatero puede encontrarse dentro de unas semanas ante un dilema similar al que entonces se enfrentó Aznar pero con una diferencia: en este caso la desclasificación puede tener consecuencias penales no sólo para el partido de la oposición sino también para su propio Gobierno, que presuntamente consintió o autorizó bajo cuerda los vuelos de la vergüenza.




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