Escalada de conflictos ante la aplicación del Estatuto catalán

MODELO DE ESTADO / Los conflictos
Escalada de conflictos ante la aplicación del Estatuto catalán

La Generalitat exige a Solbes que cumpla el calendario de financiación pactado /
PP y Ciutadans denuncian que Montilla trate el castellano como lengua extranjera

FERNANDO GAREA

MADRID.- El enfrentamiento en ciernes entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de la Generalitat de Cataluña por el decreto sobre la enseñanza del castellano y la disputa sobre el retraso en el nuevo sistema de financiación autonómica son sólo los primeros episodios de una larga cadena de contenciosos que se avecinan. De hecho, fuentes del Gobierno auguran que 2007 estará marcado por la discrepancia entre ambas administraciones por el desarrollo del nuevo Estatuto de Cataluña.

La lista de conflictos se completa con otros asuntos que quedaron aparcados en la discusión del Estatuto, como la creación de las comisiones bilaterales, la gestión del aeropuerto de El Prat, la eliminación de peajes, la delimitación de competencias, la reforma de leyes del Estado, las funciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la futura Agencia Tributaria autonómica, entre otros.

Por el momento, el Ejecutivo entiende que el Estatuto no impide que se dicten normas básicas sin rango de ley, mientras que la Generalitat hace una interpretación contraria del artículo 111 y basa en él su anuncio de recurso contra el decreto del catalán.

Lo mismo ocurre con la financiación que la Generalitat y todos los partidos catalanes consideran ineludible para cumplir ya el Estatuto. Los partidos catalanes entienden que debe establecerse ya una negociación bilateral sobre esa financiación, aunque luego se plasme en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA).

El argumento del Gobierno es que esa negociación, la posterior discusión multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la reforma de esa ley es imposible llevarla a cabo en esta legislatura. Explica que hay que esperar a que se constituyan los gobiernos autonómicos tras las elecciones de mayo y las Cortes se cierran en diciembre de 2007. En la práctica, el Gobierno consigue despejar este asunto espinoso de la agenda política en el último tramo de la legislatura.

El primer paso para abordar los asuntos pendientes del Estatuto se dará el próximo 8 de enero con la primera reunión formal en La Moncloa del jefe del Gobierno con José Montilla como presidente de la Generalitat de Cataluña. La previsión del Gobierno es que de esa reunión salga ya la creación de las tres comisiones conjuntas que servirán para desarrollar el Estatuto: la Comisión Bilateral, la Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y la de Infraestructuras.

En septiembre, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acordaron con la Generalitat crear grupos de trabajo para formar esas comisiones, lo que en la práctica suponía retrasar su constitución hasta que tomara posesión el nuevo Gobierno autonómico.

El Estatuto catalán obliga al Estado a pactar en esas comisiones las decisiones relevantes que afectan a Cataluña, especialmente, las referidas a inversiones.

De hecho, el Gobierno consiguió que CiU no votara en contra de los Presupuestos con el compromiso de crear lo antes posible la Comisión Mixta que determine si se cumple el 17% de inversión mínima en Cataluña que exige el Estatuto.

La discusión de la gestión del aeropuerto de El Prat quedó fuera del Estatuto por falta de acuerdo, ya que el Gobierno del PSOE sólo estaba dispuesto a una gestión compartida entre el Estado, el Ayuntamiento, la Generalitat y el sector privado, con un sistema de mayorías para decisiones relevantes.

Ahora, este asunto está en la agenda del nuevo Gobierno de la Generalitat para reivindicar el control de la gestión del aeropuerto.

En esa negociación será fundamental la adaptación de la legislación estatal al nuevo Estatuto. Algunos estudios más extremos hablan de la necesidad de modificar hasta 30 leyes estatales para adaptarlas al nuevo Estatuto. Esa situación afecta a proyectos de ley en trámite en las Cortes. Así, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró el pasado 13 de septiembre en el Pleno del Congreso que el nuevo Estatuto afecta a un mínimo de ocho proyectos de ley que se tramitaban entonces en las Cortes. Las más conflictivas son las dos leyes orgánicas que están atascadas y frenadas en el Congreso sobre el Poder Judicial y las competencias de los tribunales superiores de Justicia en detrimento del Supremo.

En cuanto a las competencias, la complejidad estriba en aplicar la nueva distribución que se hace en el Estatuto, con delimitación y pormenorización de materias. La Generalitat hizo llegar al Gobierno central un documento detallado y el Ejecutivo ha dado traslado a los ministerios afectados.

Sobre ese documento está pendiente la negociación entre Gobierno y Generalitat para acordar posibles transferencias y, en su caso, retiradas de recursos ante el Constitucional. Por último, el Estatuto prevé la creación, antes de agosto de 2008, de la Agencia Tributaria catalana.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2066480.html