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sábado 23 de diciembre de 2006

Interior suspende de empleo y sueldo a los dos policías que hablaron con EL MUNDO



Free Image Hosting at www.ImageShack.us Interior suspende de empleo y sueldo a los dos policías que hablaron con EL MUNDO

Sus compañeros de la Comisaría de Vallecas han hecho una cuestación para ayudar a las familias La Policía no adoptó la misma medida contra los agentes ya condenados en el 'caso Bono'

F. LAZARO / M. MARRACO

MADRID.- La Dirección General de la Policía ha suspendido de empleo y sueldo a los dos policías encarcelados por el juez Juan del Olmo bajo la acusación de revelar secretos a EL MUNDO. La orden está firmada por el subdirector adjunto de la Policía, Miguel Angel Fernández Chico. La respuesta de sus compañeros de la Comisaría de Vallecas, en la que estaban destinados Jesús Parrilla y Celestino Rivera, ha sido hacer una cuestación para ayudar al mantenimiento de sus familias.

La actuación del Ministerio del Interior contra estos dos policías contrasta con la mantenida por el Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba en el caso Bono. El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a penas que suman 13 años de prisión y 10 años de inhabilitación a un comisario y dos inspectores por la detención ilegal de dos afiliados al PP que asistieron a la manifestación en la que el ex ministro fue increpado y por falsear el atestado enviado al juez.

Pese a que en el caso Bono ya hay sentencia, y no una mera imputación, Interior mantiene el empleo y el sueldo de los tres policías. Su única reacción fue apartarlos del servicio operativo hacia labores burocráticas más discretas.

Tampoco en el caso del ácido bórico los cuatro mandos policiales actualmente imputados por falsedad documental han sido sancionados, pese a que los delitos que les atribuye la juez conllevan penas más elevadas que la de revelación de secretos.

La Dirección General de la policía explicó ayer que normativamente, el hecho de que los agentes se encuentren en prisión obliga a adoptar la sanción, algo que no sucede ni en el caso Bono ni en el del ácido bórico.

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo exigió las semana pasada 150.000 euros a cada policía para dejarles en libertad. La Confederación Española de Policía (CEP), que ejerce la defensa de Parrilla, informó ayer de que la cuenta abierta para ayudar a sufragar esas cantidades ha superado ya los 170.000 euros. La cantidad es suficiente para afrontar la fianza de Parrilla. Sin embargo, el inspector se niega a abandonar la prisión si no lo hace junto a a su compañero Rivera. Así se lo comunicó el pasado jueves a los representantes de la CEP que acudieron a la prisión de Alcalá Meco para explicarle que ya disponían del dinero. Si Rivera «pasaba la Navidad en la cárcel», él también lo haría, dijo, según fuentes del sindicato policial.

La actitud de Parrilla provocó que la CEP acordara prorrogar la cuestación popular para reunir también la fianza de Rivera. La cuenta está abierta en Caja Madrid y el número es: 2038 1135 76 6000 298686.

Tanto Parrilla como Rivera se consideran inocentes de las acusaciones vertidas por Del Olmo y están convencidos de que el juez que se haga cargo del caso revisará inmediatamente su situación. Del Olmo reconoció esta semana que no es competente para investigar el asunto, pero hasta que otro juez se haga cargo sigue siendo responsable de la causa y de su permanencia en prisión, donde ya han pasado 23 días.

De hecho, el magistrado ha seguido practicando diligencias después de dictar el auto en el que reconocía su incompetencia, pese a que la ley le permite ordenar sólo las que resulten imprescindibles. Según indicaron fuentes de la Audiencia Nacional, el juez ha autorizado a la Policía a revisar nuevos listados de llamadas de los imputados.

Fuentes de la Audiencia Nacional han mostrado su sorpresa por lo elevado de la fianza impuesta por el juez. Consideran que el magistrado ha querido «salvar la cara» aceptando formalmente que puedan salir de prisión, pero fijando una cifra tan elevada que resultara muy difícil de pagar, dados los ingresos de los imputados. Y más ahora que ya carecen de ingresos. Los 150.000 euros superan con creces las cantidades fijadas anteriormente por el propio Del Olmo a imputados por delitos de terrorismo.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2064930.html


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