Tiempo muerto a la espera del Tribunal de Estrasburgo

Tiempo muerto a la espera del Tribunal de Estrasburgo
F. GAREA / R. L. DE CALLE
MADRID/BILBAO.- El Gobierno está convencido de que Batasuna esperará a que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acepte su demanda contra la Ley de Partidos para decidir cómo concurre a las elecciones municipales.
Fuentes de la formación ilegalizada confirman que su intención es esperar a esa decisión.
El Ejecutivo detectó en los últimos meses que los abertzales ganaban tiempo para anunciar si asumían o no la legalidad. La demanda de Batasuna en Estrasburgo debe pasar un primer filtro importante, el de la admisión a trámite.
Inicialmente, esta decisión iba a conocerse hace dos meses, pero se ha retrasado hasta finales de enero. La decisión sobre el fondo tardará aún varios años, pero ya se conocerá la admisión a trámite, un filtro muy exigente en ese Tribunal de Derechos Humanos. El sentido de dicha decisión le servirá para ganar fuerza ante el Estado.
Si se admite a trámite, Batasuna podrá intentar con mayor fuerza el desafío de presentar candidaturas con distinto nombre y esperar a que el Gobierno actúe contra ellas ante el Tribunal Supremo y ante el Constitucional.
En principio, el Gobierno mantiene que no aceptará que Batasuna se presente si no cumple la Ley de Partidos en todos sus términos.
El pasado mes de junio, el Abogado del Estado, en nombre del Gobierno, presentó un escrito de alegaciones ante el Tribunal de Derechos Humanos en el que, obviamente, defendía la Ley de Partidos y la ilegalización, pero dejaba una puerta abierta en favor de la formación abertzale.
En concreto, el escrito explicaba que el alto el fuego y la decisión del Gobierno de iniciar el diálogo con ETA abrieron «una nueva situación».
El Abogado del Estado añadía que la ilegalización se produjo «en un periodo temporal concreto».
Fuentes del Gobierno creen probable que Estrasburgo admita a trámite la demanda en enero.
Este mismo tribunal rechazó una demanda similar que presentó el Gobierno vasco, alegando falta de legitimación para recurrir. Según explicaba, una parte de un Estado no puede demandar a otra.




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