El PNV visitó a jueces europeos para que admitan el recurso de Batasuna contra su ilegalización

El PNV visitó a jueces europeos para que admitan el recurso de Batasuna contra su ilegalización

Considera que el Gobierno vulneró el Convenio de Derechos Humanos al aplicar la Ley de Partidos Sectores del PSE también creían que la iniciativa podía favorecer el desarrollo del 'proceso de paz'

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- Enviados del PNV han estado hablando con jueces del Tribunal Europeo de Estrasburgo con el fin de convencerles de que deben admitir a trámite el recurso presentado por los dirigentes de Batasuna contra su ilegalización y, por tanto, que han de determinar que el Gobierno vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al haber aplicado la Ley de Partidos.

Las gestiones efectuadas por los nacionalistas tuvieron lugar de manera más intensa durante el alto el fuego anunciado por ETA, y, aparte de ir en la línea de lo defendido por el PNV durante años, su pretensión secundaria era que una decisión favorable del Tribunal hacia los intereses de los radicales tuviese dos efectos: la mayor predisposición de éstos a iniciar los trámites de su legalización ante el Ministerio del Interior y conseguir una mayor receptividad -o incluso una comodidad mayor- por parte del Gobierno a la hora de tomar una decisión al respecto.

La actitud mostrada en este asunto por el PNV es coherente con la mantenida desde que la Ley de Partidos fue aprobada y aplicada, de modo que, cuando ambas circunstancias tuvieron lugar y los dirigentes de Batasuna solicitaron amparo al Parlamento vasco, el Gobierno de Vitoria presentó un recurso ante las instancias europeas que lo rechazaron alegando falta de legitimidad.

En este caso, no obstante, la iniciativa impulsada por los dirigentes del PNV ha ido en sintonía con las consideraciones mantenidas por un sector determinado de los socialistas vascos que, en alguna ocasión, han admitido en conversaciones privadas que una decisión favorable del Tribunal de Estrasburgo podía allanar el camino para cualquier decisión futura -sin duda políticamente delicada-, que tuviera que abordar el Ejecutivo en este aspecto. Incluso, este asunto fue tratado en los contactos entre los dirigentes de Batasuna y los del PSE.

No en vano, los socialistas vascos y el PNV han estado trabajando codo con codo durante meses con Batasuna en la preparación de la mesa política de partidos vascos para cuya constitución oficial el escollo más importante fue la resistencia de Batasuna a pasar por el tamiz de la ley.

El Gobierno, por su parte, hace ya meses hizo llegar al Tribunal europeo la conveniencia de que cualquier decisión sobre los recursos de Batasuna fuera adoptada tras las elecciones de mayo. El Ejecutivo hizo esta sugerencia una vez que comprobó que las intenciones de pedir la legalización por parte de la dirección radical no sólo no eran inmediatas sino que se habían visto paralizadas por un sector de las bases, y cuando constató que el problema podía adquirir mayor relevancia en las semanas previas a las elecciones locales y autonómicas.

El Ejecutivo es consciente de que es extremadamente difícil que un recurso, cuyas consideraciones afectan teóricamente a derechos fundamentales como el sufragio o el derecho de asociación, no sea admitido a trámite -aunque, a través de la Abogacía del Estado, ha dejado clara su total oposición a la admisión inicial y a la estimación final del recurso-, pero confía en que, si el Alto Tribunal europeo admite estudiar la cuestión, emitirá como conclusión un documento de carácter eminentemente técnico y teórico sin entrar en el fondo del asunto ni en otro tipo de consideraciones.

Asimismo, los representantes del Gobierno aseguran haber depositado su esperanza en que las reclamaciones de Batasuna y del PNV sean rechazadas por los jueces europeos, que no pueden pronunciarse sobre leyes concretas sino sobre si su aplicación vulnera o no los Derechos Humanos.

A pesar de las urgencias de Batasuna -que antes el atentado de Barajas presiónó asegurando que no tomaría ninguna iniciativa ante Interior hasta que los europeos no se pronunciasen-, Estrasburgo podría no tomar su decisión definitiva hasta finales de 2007 o iniciado 2008. El citado partido presentó los recursos sobre su ilegalización en 2004 asegurando que habían sido vulnerados su derecho a la libertad de expresión política y a plantear un «recurso efectivo ante los tribunales españoles». Alegaron que se había aplicado la ley retroactivamente.

Antes, el Gobierno vasco -el actual presidente del PNV, Josu Jon Imaz, estaba entonces de portavoz- había presentado una demanda ante las instancias europeas contra la Ley de Partidos y contra la sentencia del Constitucional que rechazó el recurso contra ésta. El Ejecutivo de Vitoria dijo de la ley que es «ambigua, farragosa e imprecisa» y «vulnera los principios y valores democráticos».

En el debate extraordinario sobre terrorismo celebrado el pasado lunes en el Congreso, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, en esta misma línea y tras recibir el agradecimiento del presidente por su lealtad a lo largo del proceso, criticó la mencionada ley al tiempo que se mostraba a favor del diálogo -cuando resultase conveniente- y del acercamiento de presos.