La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, intentó encubrir un presunto delito con otros dos más

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La UCO intentó encubrir un presunto delito con otros dos más

Cuanto más sabemos sobre el papel de la UCO y de su jefe en la investigación del 11-M, más sombras aparecen en torno a su actuación antes y después de la masacre. Si ayer revelábamos que Hernando no dijo la verdad ante el Congreso cuando afirmó que la UCO dejó de indagar en el tráfico de explosivos en Asturias en febrero de 2003, EL MUNDO cuenta hoy cómo uno de sus subordinados trató de destruir la prueba irrefutable de que había mentido. Se trata de un informe redactado por la UCO y fechado el 6 de marzo de 2003, en el que se detallan las andanzas de Toro y Trashorras buscando compradores para sus explosivos por distintos puntos de la Península. Según publica hoy EL MUNDO, seis días después de la intervención de Hernando ante la Comisión, su subordinado el alférez Jaime Trigo llamó al móvil del segundo jefe de la Comandancia de Asturias, Francisco J. Jambrina, para que destruyese la nota que dejaba en evidencia a su superior. Jambrina declaró ante el juez Del Olmo que se sintió molesto por la petición y decidió conservar la nota. El alférez negó esta versión y dijo que llamando al comandante sólo quería cerciorarse de que la nota no se filtraba a los medios. A la vista de estas declaraciones, no se entiende cómo Del Olmo no dedujo el testimonio del alférez para que la jurisdicción ordinaria investigase el caso, máxime cuando él mismo confiesa haber observado menos serenidad en sus palabras que en las de Jambrina. Trigo podría haber cometido un delito de encubrimiento y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos -castigados con penas de hasta siete años- y su jefe, uno de falso testimonio, por el que podría ir a la cárcel. En este contexto, cobra un gran valor el que el tribunal pidiera ayer las declaraciones de Hernando y Manzano en el Congreso, que ayudarán a aclarar nuestras últimas revelaciones.