Un senador socialista multiplica por 50 el valor de sus fincas al hacerlas de regadío

Un senador socialista multiplica por 50 el valor de sus fincas al hacerlas de regadío

Compró las parcelas de secano por 22.000 euros y las vendió luego por 1.200.000 Construyó un pozo ficticio en una zona protegida

MARIA VICTORIA REVILLA

ALMERIA.- El senador del Partido Socialista por Almería y actual candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar, Juan Miguel Peña, ha visto engrosado su patrimonio con la compra de parcelas de secano y su venta posterior como suelo de regadío, utilizando para ello un pozo agrícola ficticio y llevando a cabo, con la connivencia de la Junta de Andalucía y junto a otros propietarios, los desmontes ilegales de mayor calibre de Europa en dichos terrenos de la capital almeriense, que se encuentran protegidos por su valor medioambiental. Peña consiguió multiplicar el valor de sus fincas por 50, según las tasaciones hechas en el momento de la operación de venta, y está imputado por un posible delito contra el medio ambiente.

El pelotazo urbanístico del senador socialista comenzó en el año 1999 cuando, el entonces empresario agrícola, le compra a la mercantil Alquián SA, domiciliada en Madrid, una finca improductiva no autorizada para la agricultura, en el Paraje Coto de Espinosa, en el barrio almeriense de El Alquián, muy próxima al Parque Tecnológico e Industrial de Almería (PITA). Adquiere estos terrenos de secano por 22.027 euros.

El actual candidato socialista no puede, sin embargo, explotar sus 3,7 hectáreas mediante la agricultura intensiva de los invernaderos. La finca se encuentra en una zona protegida, propuesta como LIC (Lugar de Interés Comunitario), dada la riqueza de su flora y fauna y, por tanto, intocable.

Peña consigue, un año más tarde, la finca aledaña, también por muy buen precio. Paga por ella sólo 1.167 euros. Tiene una extensión de 4.729 metros cuadrados, pero lo que hace a estos terrenos más interesante es la existencia de un pozo de agua.

Este pozo le sirve a Peña para vincular ambas fincas con derechos de explotación del agua. De hecho, las registra, en el año 2004, como una única pastilla de suelo, ya como terrenos de regadío y no de secano, lo que multiplica su valor. En la nota simple del Registro de la Propiedad se dice que el pozo es para riego.

Según ha podido saber EL MUNDO, el pozo existente en la finca de Peña no aparece en el citado folio y está catalogado como «pozo industrial», por lo que no puede ser explotado para el riego. Tampoco disponía, por otro lado, de caudal suficiente para abastecer las necesidades propias de la actividad agrícola. De hecho, Peña, junto a otros propietarios de la misma zona, tuvo que solicitar agua a la comunidad de regantes 4 Vegas, y luego constituir una propia, Vistamar.

Con el cambio de las fincas de secano a regadío, Peña pudo vender sus terrenos, y obtener pingües beneficios, pocos meses después de convertirse en senador del PSOE por Almería, cargo que ostenta desde el 14 de marzo de 2004.

Según las tasaciones hechas en el momento de la operación de compraventa, el suelo se revalorizó por encima de los 1.200.000 euros, más de 200 millones de las antiguas pesetas, el mismo que, cuatro años antes, le costó a Peña menos de cuatro millones de la antigua moneda.

La rentabilidad del suelo obtenida se debe, además de la triquiñuela del pozo, a los cambios que Peña practicó sobre sus fincas y por los que se encuentra imputado en un posible delito contra el medio ambiente, después de que fuera denunciado por Ecologistas en Acción, junto a otros 39 propietarios, por practicar desmontes ilegales y roturaciones para llevar conducciones de agua de una parcela a otra.

Según el informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Junta de Andalucía tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero la Delegación de Medio Ambiente dio orden a la Guardia Civil para que «relajasen» sus labores de vigilancia.

Los imputados por un posible delito contra el medio ambiente aún no han prestado declaración. El caso de Peña es particular, ya que, al ser senador, no puede ser requerido por los juzgados de Almería. Al ser aforado, la denuncia debería derivarse al Tribunal Supremo.

La Junta de Andalucía, mientras tanto, tiene en tramitación la legalización de los invernaderos situados dentro de la zona de interés comunitario, incluidos los que eran propiedad del senador socialista